NEE, TEA y cancelación de matrícula: por qué la condición nunca puede ser la causal, pero la conducta sí puede serlo

Marco normativo: la condición no es causal, pero exige apoyos previos

La Ley N°20.845, de Inclusión Escolar, prohíbe la discriminación arbitraria en los procesos de admisión y de continuidad de estudios fundada en necesidades educativas especiales o en discapacidad.

La Ley TEA (N°21.545), publicada el 10 de marzo de 2023, es la norma central para estos casos. Exige a los establecimientos modificar sus reglamentos internos para abordar la desregulación emocional y conductual, capacitar a su personal para resguardar la integridad de los estudiantes con TEA, derivar oportunamente los casos sospechosos a la red de salud conforme al protocolo del Ministerio de Salud, y elaborar Planes de Apoyo Individual (PAI) o de Adecuación Curricular (PACI). Expresamente, prohíbe fundar una medida disciplinaria únicamente en el diagnóstico.

La Circular N°586 (2024) de la Superintendencia de Educación es el instrumento que operacionaliza estos deberes en el reglamento interno: exige un Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual (PAEC), elaborado con la familia y los especialistas tratantes, y un protocolo de desregulación que defina responsables y respuestas concretas ante episodios de crisis. Es explícita en que no se podrá cancelar la matrícula ni suspender o expulsar a un estudiante por presentar una discapacidad o una condición del neurodesarrollo, ni sancionar conductas que sean manifestación directa de dicha condición.

La Ley N°20.422, de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, añade el estándar de «ajustes razonables» —adecuaciones que no impongan una carga desproporcionada—, que en la práctica se documenta a través del Plan de Apoyo Individual del Decreto N°170 (2009) y las adecuaciones curriculares del Decreto N°83 (2015). A esto se suma el principio del interés superior del niño, niña o adolescente de la Ley N°21.430, que exige ponderar el efecto de la medida en su desarrollo antes de adoptarla. La ausencia de estos instrumentos es, como muestra la jurisprudencia reciente, uno de los fundamentos más citados para dejar sin efecto una cancelación o expulsión.

El estándar probatorio: a quién le corresponde acreditar qué en casos de judicialización

Los tribunales no aceptan una equivalencia automática entre diagnóstico y conducta. Que un estudiante tenga TEA o NEE no vuelve inimputable cualquier conducta suya, pero tampoco habilita al establecimiento a sancionarla como si el diagnóstico no existiera. El punto de quiebre es probatorio: corresponde al sostenedor —no a la familia— acreditar, con respaldo clínico o técnico, que la conducta sancionada no es una manifestación directa de la condición, o que, siéndolo, se implementaron previamente los ajustes exigibles y la medida adoptada es proporcional a la gravedad y reiteración del hecho. Un reglamento interno o un protocolo que no distinga expresamente entre ambos supuestos queda, en los hechos, sin defensa ante una reclamación.

Dos fallos, un mismo estándar

La jurisprudencia reciente es consistente en el criterio, aunque no en el resultado: lo que decide cada caso es si el establecimiento agotó los apoyos exigibles y respetó el debido proceso.

El contraste es elocuente: en Puerto Montt no existía PAEC ni protocolo de desregulación, y se sancionó la manifestación directa del diagnóstico; en el caso confirmado por la Corte Suprema, el colegio acreditó medidas de apoyo otorgadas durante el año previo y conductas gravísimas y reiteradas que excedían lo atribuible a la condición. El mismo estándar normativo produjo resultados opuestos según la evidencia que cada establecimiento pudo exhibir.

Criterio técnico

El diagnóstico de NEE o de TEA no es, por sí solo, causal de cancelación ni de no renovación de matrícula, ni tampoco una inmunidad frente a toda medida. Los fallos citados muestran que el control judicial se centra en tres elementos verificables, cuya carga probatoria recae en el sostenedor: (i) la implementación previa, documentada y participativa de ajustes razonables, PAEC y protocolo de desregulación; (ii) la proporcionalidad de la medida frente a la gravedad y reiteración de la conducta, descartando que esta sea manifestación directa de la condición; y (iii) el respeto al debido proceso, incluida la oportunidad de defensa del estudiante y su familia. La ausencia de cualquiera de estos tres elementos es, en la práctica, motivo suficiente para que un tribunal deje sin efecto la decisión.