Cancelación y no renovación de matrícula por deuda: qué pueden y qué no pueden hacer los colegios

Durante el año escolar: prohibición expresa, sin excepciones

El artículo 11 de la Ley N°20.370, General de Educación (LGE), establece que durante la vigencia del respectivo año escolar no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar a un estudiante por causales derivadas del no pago de los compromisos económicos contraídos por los padres o apoderados. La norma es categórica: el incumplimiento económico de la familia no puede traducirse en una sanción académica o disciplinaria contra el estudiante mientras el año escolar esté en curso, y esta regla rige para todo tipo de establecimiento, incluidos los particulares pagados.

En 2025, la Superintendencia de Educación reforzó este criterio mediante el Dictamen N°75 (21 de julio de 2025), que precisó que ningún estudiante puede quedar fuera del establecimiento, ni ser objeto de sanciones directas o indirectas, por la situación socioeconómica de su familia.

No renovación de matrícula por deuda: es posible, pero está normada

La pregunta relevante para el proceso de renovación del año siguiente es distinta, y aquí la respuesta cambia según el tipo de establecimiento.

Colegios subvencionados con financiamiento compartido

Para estos establecimientos, la Resolución Exenta N°580 de 2025 de la Superintendencia de Educación exige incorporar en el Reglamento Interno un procedimiento de acreditación socioeconómica antes de resolver la no renovación por morosidad. Este procedimiento contempla, en síntesis: comunicación permanente a las familias sobre las instancias para informar cambios en su situación económica; notificación escrita de la eventual no renovación con antelación al período de matrícula; un plazo para que el apoderado acredite un cambio sobreviniente en su situación socioeconómica (por ejemplo, cesantía, reducción de ingresos, enfermedad grave o variación en el Registro Social de Hogares); una resolución fundada y por escrito del sostenedor; y una instancia de reconsideración. La no renovación solo resulta admisible cuando la morosidad carece de justificación en un cambio de esa naturaleza.

Colegios particulares pagados, sin aporte estatal

Para estos establecimientos, los tribunales han reconocido un margen mayor de autonomía contractual, amparado en la libertad de enseñanza. Esto no significa que la decisión quede exenta de control: sigue siendo revisable por la vía del recurso de protección cuando resulta arbitraria, y la ausencia de un procedimiento mínimo de comunicación y aviso previo a la familia es, en la práctica, uno de los factores que los tribunales examinan al evaluar esa arbitrariedad.

Jurisprudencia: qué dijo la Corte Suprema

La Corte Suprema (rol N°13801-2026, sentencia de 1 de abril de 2026), conociendo un recurso de protección contra la no renovación de matrícula de un estudiante por una deuda de más de cinco millones de pesos, distinguió que la prohibición del artículo 11 de la LGE rige durante el año escolar, pero no impide una decisión fundada al término de este cuando el incumplimiento es reiterado y el apoderado no acredita un cambio en su capacidad de pago ni da cumplimiento a los procedimientos administrativos del establecimiento.

Criterio técnico

La existencia de un procedimiento de acreditación socioeconómica incorporado al Reglamento Interno, con plazos, notificaciones y registro documental de cada etapa, es hoy el factor que determina si una no renovación por deuda se sostiene ante un reclamo administrativo o judicial —con mayor exigencia formal en establecimientos con financiamiento compartido, y como estándar de razonabilidad en particulares pagados—. Su ausencia es, en la práctica, la principal causa de que estas decisiones sean revertidas.